José Raúl Vaquero Pulido
Presidente Fundación Ciencias de la Documentación
Analista asuntos Iberoamericanos
Si cualquier de nosotros introduce el término corrupción en el buscador Google verá que el mismo da como respuesta a su consulta aproximadamente 9.970.000 de enlaces y documentos; o si uno se apunta a crear una alerta de correo electrónico para la misma palabra en el mismo buscador comprobará cómo cada día se le llena su buzón con noticias relacionadas. Y es que el término corrupción es uno de los más “asiduo” de nuestro panorama informacional que nos provoca preocupación e indignación.
Existen numerosas definiciones del término corrupción, pero considerada en general es el aprovechamiento indebido de un patrimonio, normalmente público, con el fin de obtener beneficios privados, siendo, según los expertos, uno de los problemas más graves que afectan a los estados democráticos de todo el mundo, tanto si son grandes o pequeños, ricos o pobres, del norte o del sur.
Las causas que originan la corrupción tienen enfoques muy variados como el tradicionalmente considerado “bajo salario” de los corruptos de “baja escala”, donde la suma “baja probabilidad de ser descubierto” más “bajo valor de castigo esperado” más “pérdida de valores morales sociales” (responsabilidad, honestidad, honradez, tolerancia, …) es igual a una MAYOR corrupción.
Los efectos de la corrupción son grandes y, aunque la misma tiende a ser encubierta, se dejan sentir en todos las dimensiones de la sociedad, en especial en la económica (reduciendo los ingresos fiscales, descendiendo el PIB, y distorsionando el gasto público), comercial (arruinando el libre comercio, frenando la innovación, y espantando a los inversionistas), social (acentuando las diferencias sociales), y política (generando progresiva pérdida de legitimidad del sistema político en su conjunto, y fortaleciendo la sensación de impunidad), creando con el tiempo un círculo vicioso que de no detenerse, puede crecer hasta volverse incontrolable.
Por su parte, los costos de la corrupción son difíciles de cuantificar pues como ya hemos visto es fruto del secreto que entraña este tipo de actividades, y sus efectos se difunden en todas las dimensiones de la sociedad de una forma compleja, aunque de forma teórica los costos de la corrupción deben medirse en términos de pérdida de eficiencia, entendiendo esta como la cantidad de bienes y servicios que dejan de producirse como resultado de la corrupción, los cuales aunque son pagados por toda la sociedad, afectan especialmente a los más pobres en su bienestar, seguridad y calidad de vida.
Se han emprendido diversas iniciativas para medir el costo económico de la corrupción, como el Índice de Opacidad de Price-Waterhouse-Coopers, que estima el costo para las empresas de invertir de acuerdo a una estimación de la opacidad, o de la falta de transparencia de un país (un país corrupto ahuyenta las inversiones extranjeras ya que estos tienen una probabilidad entre un 50% y un 100% de perder su inversión en un plazo de cinco años, según la agencia de calificación de valores Standard and Poor’s), aunque también se podría medir por medio del cálculo de los sobornos pagados, índice per capita (menor en países con alta corrupción), o el número de conexiones criminales establecidas.
Las soluciones a la corrupción – si existen – no son fáciles. En cualquier caso, el primer paso para corregir un defecto es admitirlo, el segundo combatirlo, el tercero eliminarlo, y el cuarto fomentar, a cambio, una virtud.
Parece ser que la mayoría de los países han tomado conciencia – admitido – que el problema de la corrupción no es un mal doméstico menor que podemos esconder debajo de la alfombra, sino que es un mal que si no se ataja corromperá la democracia y el estado de bienestar que sobre ella hemos establecido. Otro grupo de países han pasado a un segundo nivel y buscan combatirlo, principalmente con leyes de transparencia y acceso a la información pública (en junio de 2008 al menos 76 países habían puesto en marcha leyes de acceso a la información, donde no está incluida todavía a fecha de hoy España). No obstante, muchos países siguen obviando el papel del cambio ciudadano en la lucha contra la corrupción. Susan Rose-Ackerman, una de las más prestigiosas expertas mundiales, profesora y codirectora del Centro de Derecho, Economía y Políticas Públicas de la Universidad de Yale, ex consultora del Banco Mundial señala que el papel de los medios de comunicación como transmisores de valores morales sociales y de los ciudadanos honestos es importante para presionar de manera constructiva a los corruptos. Es decir, redefinir la ecuación más arriba indicada por otra donde “alta probabilidad de ser descubierto” más “alto valor de castigo esperado” más “cumplimiento de valores morales sociales” (responsabilidad, honestidad, honradez, tolerancia, …) es igual a una MENOR corrupción.
Las redes sociales y los nuevos medios de comunicación digitales están propiciando un nuevo movimiento ciudadano que haciendo uso de la información contenida en los documentos – soportes que registran las actividades de personas e instituciones – en base a las nuevas competencias que les otorgan las leyes, buscan terminar con la lacra de la corrupción. Nuevo movimiento que muchos partidos políticos – columna vertebral de la democracia – parecen ignorar, frustrando en algunos casos el interés por cambiar de la otra parte de la sociedad que bajo el lema “¿qué puedo hacer yo para cambiar esto si sólo soy un ciudadano de “a pié”? caen en el apoplejía del conformismo de dejar pasar las cosas como están con la resignación de que no está en sus manos el provocar el cambio. Este fracaso contribuye, tal vez injustamente, a dar la impresión de complicidad más que de ineficiencia.
Está claro, combatir la corrupción es una tarea que nos atañe a todos.
