Presidente Fundación Ciencias de la Documentación

Analista asuntos Iberoamericanos

Si cualquier de nosotros introduce el término corrupción en el buscador Google verá que el mismo da como respuesta a su consulta aproximadamente 9.970.000 de enlaces y documentos; o si uno se apunta a crear una alerta de correo electrónico para la misma palabra en el mismo buscador comprobará cómo cada día se le llena su buzón con noticias relacionadas. Y es que el término corrupción es uno de los más “asiduo” de nuestro panorama informacional que nos provoca preocupación e indignación.

Existen numerosas definiciones del término corrupción, pero considerada en general es el aprovechamiento indebido de un patrimonio, normalmente público, con el fin de obtener beneficios privados, siendo, según los expertos, uno de los problemas más graves que afectan a los estados democráticos de todo el mundo, tanto si son grandes o pequeños, ricos o pobres, del norte o del sur.

Las causas que originan la corrupción tienen enfoques muy variados como el tradicionalmente considerado “bajo salario” de los corruptos de “baja escala”, donde la suma “baja probabilidad de ser descubierto” más “bajo valor de castigo esperado” más “pérdida de valores morales sociales” (responsabilidad, honestidad, honradez, tolerancia, …) es igual a una MAYOR corrupción.

Los efectos de la corrupción son grandes y, aunque la misma tiende a ser encubierta,  se dejan sentir en todos las dimensiones de la sociedad, en especial en la económica (reduciendo los ingresos fiscales, descendiendo el PIB, y distorsionando el gasto público), comercial (arruinando el libre comercio, frenando la innovación, y espantando a los inversionistas), social (acentuando las diferencias sociales), y política (generando progresiva pérdida de legitimidad del sistema político en su conjunto, y fortaleciendo la sensación de impunidad), creando con el tiempo un círculo vicioso que de no detenerse, puede crecer hasta volverse incontrolable.

Por su parte, los costos de la corrupción son difíciles de cuantificar pues como ya hemos visto es fruto del secreto que entraña este tipo de actividades, y sus efectos se difunden en todas las dimensiones de la sociedad de una forma compleja, aunque de forma teórica los costos de la corrupción deben medirse en términos de pérdida de eficiencia, entendiendo esta como la cantidad de bienes y servicios que dejan de producirse como resultado de la corrupción, los cuales aunque son pagados por toda la sociedad, afectan especialmente a los más pobres en su bienestar, seguridad y calidad de vida.

Se han emprendido diversas iniciativas para medir el costo económico de la corrupción, como el Índice de Opacidad de Price-Waterhouse-Coopers, que estima el costo para las empresas de invertir de acuerdo a una estimación de la opacidad, o de la falta de transparencia de un país (un país corrupto ahuyenta las inversiones extranjeras ya que estos tienen una probabilidad entre un 50% y un 100% de perder su inversión en un plazo de cinco años, según la agencia de calificación de valores Standard and Poor’s), aunque también se podría medir por medio del cálculo de los sobornos pagados, índice per capita (menor en países con alta corrupción), o el número de conexiones criminales establecidas.

Las soluciones a la corrupción – si existen – no son fáciles. En cualquier caso, el primer paso para corregir un defecto es admitirlo, el segundo combatirlo, el tercero eliminarlo, y el cuarto fomentar, a cambio, una virtud.

Parece ser que la mayoría de los países han tomado conciencia – admitido – que el problema de la corrupción no es un mal doméstico menor que podemos esconder debajo de la alfombra, sino que es un mal que si no se ataja corromperá la democracia y el estado de bienestar que sobre ella hemos establecido. Otro grupo de países han pasado a un segundo nivel y buscan combatirlo, principalmente con leyes de transparencia y acceso a la información pública (en junio de 2008 al menos 76 países habían puesto en marcha leyes de acceso a la información, donde no está incluida todavía a fecha de hoy España). No obstante, muchos países siguen obviando el papel del cambio ciudadano en la lucha contra la corrupción. Susan Rose-Ackerman, una de las más prestigiosas expertas mundiales, profesora y codirectora del Centro de Derecho, Economía y Políticas Públicas de la Universidad de Yale, ex consultora del Banco Mundial señala que el papel de los medios de comunicación como transmisores de valores morales sociales y de los ciudadanos honestos es importante para presionar de manera constructiva a los corruptos. Es decir, redefinir la ecuación más arriba indicada por otra donde “alta probabilidad de ser descubierto” más “alto valor de castigo esperado” más “cumplimiento de valores morales sociales” (responsabilidad, honestidad, honradez, tolerancia, …) es igual a una MENOR corrupción.

Las redes sociales y los nuevos medios de comunicación digitales están propiciando un nuevo movimiento ciudadano que haciendo uso de la información contenida en los documentos – soportes que registran las actividades de personas e instituciones – en base a las nuevas competencias que les otorgan las leyes, buscan terminar con la lacra de la corrupción. Nuevo movimiento que muchos partidos políticos – columna vertebral de la democracia – parecen ignorar, frustrando en algunos casos el interés por cambiar de la otra parte de la sociedad que bajo el lema “¿qué puedo hacer yo para cambiar esto si sólo soy un ciudadano de “a pié”?  caen en el apoplejía del conformismo de dejar pasar las cosas como están con la resignación de que no está en sus manos el provocar el cambio. Este fracaso contribuye, tal vez injustamente, a dar la impresión de complicidad más que de ineficiencia.

Está claro, combatir la corrupción es una tarea que nos atañe a todos.

No se puede pretender que el derecho fundamental a recibir información veraz por cualquier medio de comunicación incluya un deber general de la Administración de informar sobre cualquier materia”. El entrecomillado pertenece a una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional que prueba de modo tajante cómo el derecho a la información oficial, al que apelan los artículos 20 y 105 de la Constitución, no existe hoy como tal derecho en España.

En su fallo, del 22 de octubre, la Audiencia desestima una demanda de la ONG Access Info, que actuó contra el Ministerio de Justicia por no responder a su solicitud de información sobre cómo había desarrollado legislativamente España el convenio de la OCDE para la lucha contra la corrupción.

Los demandantes no preguntaban por un secreto de Estado, sino por una ley.

Los demandantes, que han recurrido ante el Tribunal Supremo, no pretendían que se les revelase ningún secreto de Estado. No había en juego ninguna de las excepciones comunes con que las leyes de acceso limitan el derecho de los ciudadanos a obtener información pública. La Convención del Consejo de Europa sobre Acceso a los Documentos Oficiales establece un catálogo de posibles excepciones, entre las que destacan las siguientes: la seguridad nacional, la defensa y las relaciones internacionales; la seguridad pública; la prevención, investigación o persecución de actividades delictivas; las investigaciones disciplinarias; la inspección, control y supervisión por autoridades públicas.

La sentencia de la Audiencia Nacional ofrece una singularidad ilustrativa de cómo están las cosas en el plano jurídico: la única jurisprudencia que cita es una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) dictada en enero de este año y que nada tiene que ver con el acceso a la información. Relativa al conflicto de intereses suscitado por la publicación de una noticia que el hijo de un concejal consideró injurioso, el fallo del alto tribunal invocaba su propia doctrina sobre los límites de la libertad de expresión, derecho reconocido en el artículo 20 de la Carta Magna. El TC otorgó amparo al autor del artículo.

Para Enrique Jaramillo, abogado de Access Info, la resolución de la Audiencia constata que el artículo 20 de la Constitución se ha aplicado generalmente en la vertiente que protege el derecho a “comunicar libremente información”, pero no en la que salvaguarda el derecho a “recibir” esa información. “Cuando se hizo la Constitución arguye el letrado, nadie se planteó que había un derecho a la información oficial, por eso el artículo 20 es más difuso en ese aspecto”.

Artículo aparecido en Público.

Paco Polo comenta del estreno de una herramienta de Open Goverment en Euskadi, además de otras dos iniciativas en Estados Unidos y Reino Unido.

¿Pero esto de poner los datos a disposición del público para qué sirve? En primer lugar tiene una función obvia, la de poder conocerlos. Pero sus aplicaciones van más allá. En lo político la apuesta por transparencia significa una mayor facilidad para luchar contra la corrupción. ¿Recordáis los recientes escándalos de los sueldos de los diputados británicos?

@ribo recoge la última denuncia realizada por Access Info:

Ésta es una historia real que se repite continuamente en España, un pais que se llama democracia pero que no garantiza un derecho tan fundamental como es el acceso de los ciudadan@s de la la información que es de tod@os, la información que recoge, produce y almacena con nuestro dinero.

DMontero explica una iniciativa de PCE para recoger firmas y promover el conocimiento de las cuentas pormenorizadas de la Casa Real. También hace previsiones sobre cómo acabará la impugnación al Tribunal Supremo que hizo Access Info sobre el silencio del Gobierno en cuanto a las medidas contra la corrupción:

Puede que sea una lucha quijotesca. Pero seguro que da resultado. No en esta ocasión. Pero sí en los tribunales europeos, donde el proceso acabará con toda probabilidad tras agotar la vía legal en España y donde la jurisprudencia internacional ya reconoce estos derechos -a los que España todavía no se ha sumado- desde hace años.

La noticia ha tenido bastante impactos en medios. Enlazamos algunos:

• Europa Press: Una ONG recurre al Supremo porque el Ministerio de Justicia no le dio respuestas sobre la lucha contra la corrupción
• ABC: Demandan ante el Supremo el mutismo del Gobierno sobre su plan anticorrupción
• El Economista: Una ONG recurre al Supremo porque el Ministerio de Justicia no le dio respuestas sobre la lucha contra la corrupción

Replican la nota:

• Asociación de la Prensa de Madrid
• AEFP

Madrid, 19 de enero de 2010: La falta de respuesta por el Ministerio de Justicia a preguntas de ciudadanos sobre medidas contra corrupción ha llegado hoy al Tribunal Supremo donde la asociación Access Info Europe busca el amparo del derecho de acceso a la información pública.

Access Info ha calificado como “absurda” la necesidad de recurrir al Tribunal Supremo para obtener una respuesta a una pregunta sobre un tema tan importante como la lucha contra corrupción; situación que no hace más que consolidar la necesidad urgente de adoptar una ley de acceso a la información en España.

El 14 de junio de 2007, un miembro de Access Info presentó una serie de preguntas al Ministerio de Justicia sobre las medidas contra corrupción. Por ejemplo, preguntó “2. En cumplimiento del Convenio de Naciones Unidas contra la corrupción (art. 6), ¿qué órgano es el encargado de prevenir la corrupción cometida por personas y entidades españolas, privadas y públicas? ¿Qué recursos (material y personal) se le han proporcionado?”

El Ministerio no solo nunca contestó, sino que rechazó el recurso administrativo.  La Audiencia Nacional a su vez desestimó la demanda, argumentando que la Constitución Española no garantiza el derecho del ciudadano a solicitar y recibir información de la Administración Pública.

La desestimación del recurso por la Audiencia Nacional sorprendió a Access Info dada la claridad de la jurisprudencia internacional al respecto. En la demanda presentada hoy al Supremo, Access Info cita recientes sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que protegen el acceso a la información como derecho necesario para el ejercicio de libertad de expresión y para que las organizaciones no-gubernamentales puedan crear foros de debate público.

En su demanda presentada al Tribunal Supremo, Access Info reclama el derecho de acceso a información público en base al artículo 20 de la Constitución sobre la libertad de expresión y de opinión, y en base al artículo 23 que establece el derecho de participación de los ciudadanos en la vida política.

“Cómo puedo participar en el debate sobre corrupción si no tengo información sobre que está haciendo el gobierno?” pregunta Juanjo Cordero, miembro de la Junta Directiva de Access Info y el solicitante. “Cómo puedo expresar mis ideas y opiniones, ejercer mi derecho de libertad de expresión, sin información adecuada del gobierno?” añade.

Access Info Europe es una de las ONGs fundadoras de la Coalición Pro Acceso que está reclamando una ley de acceso a la información en España, el único país Europeo de más de un millón de habitantes que no tiene una ley al respecto. En diciembre 2009 el gobierno confirmó que está trabajando en un borrador de una ley de acceso a la información, cumpliendo una promesa electoral incluida en sus programas desde 2004, y repetido en 2008. El plan del gobierno es adoptar una ley que permitiría a España firmar y ratificar la nueva Convención del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos.

“La absurdidad de este caso subraya la necesidad urgente de adoptar una ley de acceso a la información,” comenta Helen Darbishire, directora de Access Info. “Es impensable que cada ciudadana o ciudadano que quiera saber algo de la Administración Pública,  sobre todo en un tema tan importante en España como la lucha contra la corrupción,  tenga que acudir al Tribunal Supremo.”

El Ministerio del Interior está en los tribunales. Y el de Cultura. Y el de Defensa. Hasta el Ministerio del Justicia se encuentra entre los acusados. Todos han sido denunciados por ocultar información al ciudadano.

“Es desaconsejable entregar esa información”, “ese dato no está previsto por ley”, “no damos información sobre contratos en vigor”… Estos son sólo algunos ejemplos, o mejor algunas excusas empleadas por la Administración para negar información a los ciudadanos. En el 35 por ciento de los casos, las entidades públicas ni siquiera contestan. Simplemente dan la callada por respuesta. Silencio administrativo se llama la argucia en términos legales. Si cualquier persona quiere conocer datos tan sencillos como el precio de un alquiler para el Ministerio de Justicia o dónde invierte la SGAE los 30 millones de euros que recauda cada año del canon digital –del que rinde cuentas al Ministerio de Cultura– no tiene más remedio que acudir a los tribunales para conseguirlo.

Y eso hizo Acces Info, una organización internacional dedicada a proteger el derecho de acceso a la información en toda Europa. La ONG realizó el pasado año un estudio para evaluar la transparencia de la Administración española, presentando 41 solicitudes de información. Sus integrantes solicitaron a título particular –como ciudadanos de a pie– datos sencillos, como el número de inmigrantes expulsados de España en 2007 o la cantidad de jueces expedientados por el Consejo General del Poder Judicial. Aquello fue sólo una excusa. Lo importante no era el dato en sí, sino hacer valer su derecho a acceder a la información pública. De poco sirvió. La gran mayoría de sus peticiones –el 78 por ciento– no tuvo respuesta satisfactoria. De una forma u otra, la Administración se negó a darles la información. Unas veces porque no lo consideraban oportuno. Otras porque no estaba contemplado en normativa alguna o porque, sencillamente, los datos no eran públicos. Sin más explicaciones.

En febrero de 2008, el PSOE desveló una lista con cien razones para votar a José Luis Rodríguez Zapatero. Las elecciones generales estaban a la vuelta de la esquina –se celebraron el 9 de marzo– y el PSOE sacó un argumentario definitivo para aupar a su candidato como presidente. El punto 91 rezaba textualmente, bajo la fotografía de una joven con mirada sonriente: “Garantizaremos por ley el derecho de los ciudadanos a acceder a la información y documentación oficial que esté en poder de las administraciones”. La promesa no era nueva. Ya estaba en el programa electoral del PSOE desde 2004 y contaba con dos excepciones: “Salvo en materia de secretos oficiales y protección de datos”.

A día de hoy, España es el único país avanzado de la Unión Europea que carece de una ley que regule el nivel de acceso de los ciudadanos a la información pública. Y tras seis años ininterrumpidos de Gobierno, el Ejecutivo de Zapatero se ha puesto a ello. El pasado 10 de diciembre, el servicio jurídico del Ministerio de Presidencia, encargado de elaborar el borrador de la nueva ley, se reunió con la plataforma Coalición Pro Acceso, donde se agrupan 29 organizaciones no gubernamentales.

Los portavoces estatales se comprometieron a crear un organismo independiente, al estilo del Defensor del Pueblo, que se encargue de velar por el acceso de los ciudadanos a la información pública. La nueva normativa prohibirá de forma tajante el silencio administrativo y reducirá el plazo que tienen las instituciones públicas para entregar la información, que en la actualidad es de tres meses.

Sin embargo, las promesas no han contentado a todos los presentes, ya que el equipo liderado por Ángeles Ahumada, directora general de Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia, prevé modificar el reglamento existente para el acceso a los archivos estatales, mientras los miembros de la Coalición Pro Acceso persiguen que el hecho de recibir información pública sea reconocido como un derecho fundamental, recogido en el artículo 20 de la Constitución. Y eso implicaría la creación de una ley orgánica.
En cualquier caso, la normativa española se tiene que adecuar a los principios aprobados por el Consejo de Europa, que aseguran información para todos los ciudadanos, gratuita y de forma “inmediata”. En un punto vital del articulado, la Convención Sobre Documentos Públicos del Consejo de Europa prohíbe a los miembros de la Administración preguntar por el motivo de la consulta. Con esta premisa, nadie podrá preguntar por qué un ciudadano, investigador o periodista solicita la cifra de gastos de un ministerio o cualquier otro dato sensible para la imagen pública. Lo que se busca es evitar posibles vetos estatales dependiendo de la motivación.

A la cabeza de la Unión Europea en este terreno se encuentra Suecia, donde los funcionarios tienen la obligación legal de primar las consultas públicas sobre cualquier otro trabajo y la Administración contesta a cualquier requerimiento en un plazo máximo de 48 horas. Estos plazos son vitales cuando, por ejemplo, un ciudadano tiene que litigar contra un poder público y requiere de un dato o expediente para preparar su denuncia. Es común que la entidad en cuestión se escude en el silencio administrativo para demorar el proceso. El ciudadano tiene que ir primero a los tribunales para conseguir el dato en cuestión, lo que puede alargar el proceso casi un año. Y luego, plantear su demanda real.

Mientras el Ejecutivo español mantiene su hoja de ruta y espera llevar la nueva ley al Congreso en junio de 2010, algunas de las peticiones de la organización Acces Info han terminado en los tribunales (ver recuadros). La más avanzada, contra el Ministerio de Justicia, fue rechazada por la Audiencia Nacional. El fallo está recurrido en el Tribunal Supremo. Los denunciantes están dispuestos a llevar todos los casos hasta el final y terminar, si es necesario, ante los organismos jurídicos de la Unión Europea. Allí, la jurisprudencia está por el momento a su favor.

Mi bolso es un auténtico agujero negro. Entre mi ipod, las gafas, el móvil del trabajo, el mío, la cartera, los documentos de la oficina, mi pen drive, y los recibos de mis últimas 347 compras pesa toneladas. Ayer me decidí a hacer una limpieza, y encontré un flyer con un manifiesto por una auditoría olímpica a Madrid 2016. El objetivo de este manifiesto es el de exigir una auditoría pública, partida por partida, del gasto olímpico desde el año 2000 hasta ahora. Como petición, me parece sensata y justa; lo sorprendente es que haya que recurrir a un manifiesto para conocer esas cifras.

En un país democrático como el nuestro, el acceso de la ciudadanía a la información de las administraciones públicas es extremadamente limitado. El derecho de acceso a la información es un derecho humano reconocido por el derecho internacional y por muchas constituciones, y más de 80 países en el mundo tienen leyes que regulan su ejercicio. El concepto es bien simple: toda persona tiene derecho a solicitar y recibir la información que desee de todas las entidades públicas, sin tener que explicar para qué quieren la información o qué uso van a dar a la misma, y tienen el derecho de recibir una respuesta en un plazo breve y en un formato claro y comprensible. Por supuesto, y como para casi cualquier derecho, existen limitaciones -que deben estar regladas- como por ejemplo, información que pueda afectar la seguridad nacional.

Entre otras cosas, la garantía de este derecho es -como bien ha dicho mi compañera Helen Darbishire- una vacuna contra la corrupción. Cualquier persona debería poder solicitar de forma sencilla la información de cómo su ayuntamiento se está gastando el dinero público, tener acceso a los contratos realizados por la Administración, saber cuánto ingresa la SGAE por el canon o en qué lo está gastando, conocer cuántos inmuebles tiene un Ministerio, cuánto cobra un Ministro o, por qué no, cuánto se ha invertido en Madrid 2016.

Esto no es una utopía. Toda esta información ya está disponible para cualquier persona en más de 80 países, incluidos 23 de los 27 países de la UE. Pero no en España.

La Coalición Pro-Acceso a la información, formada por más de 30 organizaciones, está haciendo un fantástico trabajo para conseguir la aprobación de una ley de acceso a la información pública en España ley que para ser eficaz debería cumplir 9 principios básicos. Os recomiendo su informe “Cuando lo público no lo es”, y os animo a que apoyéis estos principios aquí. Porque queremos saber.

Empieza a ser un lugar común el hablar de desafección democrática, de distancia entre instituciones y ciudadanía o de desconfianza generalizada de la gente sobre la forma de proceder de los que nos gobiernan y representan.

La cosa va empeorando si hacemos caso de lo que las encuestas del CIS nos van diciendo. En un año se ha duplicado el número de españoles que afirman que uno de los principales problemas del país son los políticos. En porcentaje, la percepción ciudadana califica ahora ese problema como más grave que la amenaza terrorista. El goteo de escándalos que vinculan poder político y corrupción no ayudan precisamente a atemperar el clima negativo. Los diagnósticos abundan, y la sensación de hartazgo aumenta, pero son escasas las propuestas que vayan más allá de recomendaciones éticas y de los encadenados de buenos deseos.

Por otra parte, el creciente alejamiento de la política institucional de buena parte de los ciudadanos contrasta con el aumento de actividades participativas en esferas no directamente político-institucionales, pero sí muy vinculadas a las políticas concretas (solidaridad, cooperación, redes de intercambio). Más que repliegue a la esfera privada, encontramos la búsqueda de una esfera pública no asimilable a la que quieren monopolizar las instituciones en sus distintas formas. Los partidos sufren pérdidas significativas de confianza, pero aparecen nuevas formas de coaliciones y grupos que promueven aquí y allá iniciativas de significación colectiva.

Podríamos decir, con Pierre Rosanvallon, que baja puntos la participación política centrada en el solo camino electoral, mientras aumenta el grosor de la participación centrada en la expresión (hacerse oír), la implicación (vincularse a otros para conseguir objetivos comunes), o la intervención (hacer, más que escuchar y asistir). Y todo ello en un contexto en el que el cada vez tenemos menos marcos comunes de referencia, menos sentidos de pertenencia única.

Resulta así evidente que es más fácil que la acción política de la ciudadanía se desplace hacia el control y la vigilancia, dadas las dificultades de identificarse e intervenir en una política oficial y formal, sentida como ajena.

Existe la conciencia difusa que cada vez es menos factible que la ciudadanía pueda ejercer el poder o influir de manera muy directa en su ejercicio, y la atención se dirige a cómo controlarlo, vigilarlo y evitar sus excesos y chapuzas. A falta de una idea de interés general que pueda compartirse de manera plena, surge la transparencia como valor que permite, al menos, que todos podamos saber qué sucede y, por tanto, actuar en unsentido o en otro. La transparencia es pues un valor básico y relativamente despolitizado. Desde la transparencia es posible vigilar un poder que tiende a ser autista y sesgado, y politizar así la desconfianza que ello genera.

No se trata de una desconfianza liberal, en el sentido de controlar los excesos de un poder irremediablemente perverso, sino de una desconfianza democrática en el sentido de habilitar la acción y la capacidad transformadora de quienes, desde la ciudadanía, no quieren delegar toda responsabilidad sobre lo común a las instituciones.

En España no disponemos aún de una ley de acceso a la información comparable a la que ya existe en más de 80 países del mundo y, entre ellos, a la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea, algunos como Suecia con más de 200 años de tradición al respecto. En los programas electorales del PSOE del 2004 y del 2008 figuraba ese tema como una de las promesas electorales. El presidente Zapatero ha anunciado que antes de final de año contaremos con un proyecto de ley al respecto, en cuya tramitación sería bueno que se escuchara a los que hace tiempo vienen empujando para que exista tal normativa.

Es innegable la significación del tema. La gran sacudida que ha significado la ley de libertad de información en Estados Unidos lo pone de relieve. No será fácil. Las administraciones públicas españolas se han construido desde la unilateralidad y la jerarquía, y la opacidad ha estado siempre asociada a esa concepción.

Aún produce sonrojo rememorar que la Unión Europea, ante las quejas del Gobierno Aznar sobre la difusión de un informe de una de las direcciones generales de Bruselas que advertía sobre los perjuicios ambientales del Plan Hidrológico Nacional y que había sido utilizado por sus detractores, tuvo que recordar al Ejecutivo español que toda la documentación europea está obligatoria y plenamente disponible en Internet. Las administraciones no dejan de pedirnos datos, muchas veces de manera redundante y superflua. Y en cambio, protegen constantemente sus informes, decisiones y rutinas. Esperemos que la nueva norma que acabe con la excepcionalidad española ya mencionada, no parta de una visión timorata al respecto.

De hecho, es una clara oportunidad. Una oportunidad para favorecer el intercambio de información y la mejora de relaciones entre ciudadanía y Administración. Una oportunidad para facilitar la participación de los ciudadanos y de sus entidades en los procesos de configuración de las políticas públicas. Y una oportunidad para mejorar la eficacia y la eficiencia de las propias administraciones, reforzando la necesaria evaluación y rendición de cuentas.

No deberíamos dejar escapar esa ocasión para usar las enormes capacidades de Internet al respecto. Desde y con la Red, se puede articular la plena transparencia de la documentación administrativa, la transparencia organizacional, la transparencia contable y presupuestaria y la transparencia de la acción y las responsabilidades públicas. Internet expresa y sirve de soporte natural a ese conjunto de posibilidades si existe voluntad política para avanzar por esa línea.

Necesitamos que, por ejemplo, los contratos públicos, los cambios de calificación urbanística, los estudios e informes encargados por las administraciones, puedan ser consultados por cualquiera, de manera amigable y sencilla, desde cualquier ordenador. Facilitando así la incorporación de la ciudadanía a una labor hoy por hoy estrictamente institucionalizada y que ha demostrado sus límites y carencias. Sin sustituir los mecanismos reguladores y de control ya existentes en nuestro sistema, podremos contar con la capacidad de vigilancia y seguimiento permanente de cualquiera interesado por los asuntos y decisiones públicas.

En la célebre obra de Jane Jacobs sobre las ciudades norteamericanas, se hablaba de la capacidad de mantener “seguras” las calles, no tanto por la mayor o menor presencia de la policía en ellas, sino por esa mezcla de ojos vigilantes en aceras concurridas. Existe, afirmaba Jacobs, una red informal de confianza pública que mantiene niveles de seguridad aceptables y que constituye la base de cualquier acción colectiva. Los hechos que se van repitiendo demuestran que no podemos seguir confiando en delegar nuestra capacidad de vigilancia en ojos que han demostrado poca fiabilidad. Sólo la movilización social y la desconfianza activa pueden ir modificando una situación que se adivina estructural.

Un ejemplo paradigmático y muy significativo de los problemas que origina la legislación actual es uno de los casos que está siguiendo Access Info Europe en la actualidad y en el que hemos interpuesto recurso ante los tribunales recientemente (12).

Un ciudadano buscaba información sobre cómo emplea la SGAE el dinero que recibe del canon. El Ministerio de Cultura, tanto en su contestación inicial como en su respuesta al recurso administrativo que se presentó después, se niega a darle las memorias del año 2006 de la SGAE y VEGAP, entidad de gestión de los artistas visuales, porque “no forman parte de un expediente administrativo”, pero no aclara si éstas se encuentran en su poder o no.

Dado que estas entidades están obligadas a emplear una parte del canon en actividades dirigidas a toda la comunidad de artistas y no solamente a sus socios (13), la sociedad tiene derecho a saber cómo se está empleando este dinero y si de verdad está sirviendo para ayudar a todos los artistas con independencia de su vinculación a estas entidades o no.

El Ministerio se escuda detrás de las carencias de la normativa actual que regula el derecho de acceso a la información para denegar una información de claro interés público.

(12) Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, presentado el día 17 de septiembre de 2008.

(13) El veinte por ciento de lo que reciben las entidades de gestión en concepto de canon debe dedicarse a partes iguales a actividades o servicios de carácter asistencial para sus socios y a actividades de formación y promoción de todos los autores y artistas en general. Las entidades de gestión deben informar cada año al Ministerio sobre las actividades y servicios prestados, las cantidades dedicadas a los mismos y los beneficiarios.

Informe Cuando lo público no es público.

Llevan mucho tiempo defendiendo el “derecho a saber”. La Coalición Pro Acceso es una organización dedicada a impulsar la transparencia en las informaciones emitidas y facilitadas por los organismos públicos, no sólo como una alternativa de comunicación para los ciudadanos, sino también como una forma de prevenir irregularidades y posibles corrupciones. En el horizonte está la creación de una futura Ley de Acceso a la Información Pública. Hemos hablado con Helen Darbishire para que nos cuente más acerca de la Coalición.

¿En qué consiste la Coalición Pro Acceso?

Es una plataforma abierta a todas las ONG que quieren apoyar el movimiento para la transparencia del Gobierno en España. Los individuos también pueden apoyar la campaña firmando los nueve Principios de la Coalición, que contienen los elementos imprescindibles de una futura ley de acceso a la información para que la ley cumpla con los estándares internacionales.

Casi 30 organizaciones forman parte de esta coalición. ¿No supone eso un problema a la hora de tomar decisiones?

Siendo una coalición con un objetivo muy bien definido -conseguir una ley de acceso a la información– no tenemos problemas con la toma de decisiones. Al inicio del proceso adoptamos los nueve Principios de la Coalición basándonos en los estándares internacionales y estos principios nos guían en todos nuestros acciones. Además, los representantes de los miembros de la Coalición son profesionales en sus campos y normalmente nuestras discusiones son muy eficientes.

¿Qué tal ha ido la reunión con el Gobierno? ¿Qué sensaciones os quedan?

La reunión fue muy positiva. Nuestra intención es crear una futura Ley de Acceso a la Información Pública, e insistimos en que dicha Ley debe de recoger de forma clara que se trata de un derecho fundamental enmarcado dentro de la libertad de información de la Constitución Española, como ocurre en la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de los Derechos Fundamentales.

La reunión fue sumamente cordial, con un interesante intercambio de opiniones. Desde la Dirección General de Coordinación Jurídica están considerando que el borrador que se está redactando cumpla los 9 principios de la Coalición Pro-Acceso. Ambas partes están de acuerdo en que las administraciones públicas deben de ofrecer información de forma activa, ponerla a disposición del público antes incluso de que se presenten solicitudes. Consideran que habrá que realizar un esfuerzo importante para adaptar las Administraciones Públicas a este derecho de acceso a la información pública.

Este primer intercambio de opiniones fue muy positivo y confiamos en que las reuniones continúen en el futuro.

¿Creéis que habrá interés político en facilitar estos trámites de información y comunicación?

Normalmente en todos los países hay gente dentro del gobierno que no quieren abrir las puertas del gobierno y que no quieren ser transparentes. Y otros que sí. Tenemos que trabajar con quienes entienden la naturaleza democrática del derecho de acceso a la información.

¿Qué razones puede haber para que en España no se facilite una serie de datos que en otros países sí se facilitan?

Es un poco misterioso dado los avances en acceso a la información en otros países de Europa, incluso de Europa del Este, de América Latina, de África… Supongo que es un fallo de la Transición. Es interesante que todo los países de Europa del Este, con la excepción de Bielorrusia –un país gobernado por un dictador–, tienen leyes de acceso a la información. No es que no haya transparencia en España, pero en la práctica, es muy deficiente la información que se deja al alcance del ciudadano.

¿La información es poder?

La Constitución Española dice en su artículo 1.2: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. El poder pertenece al pueblo, así como a él pertenece la información que está en las manos de las entidades públicas.
Interior no facilita los datos sobre el número de personas expulsadas de territorio español por “ser desaconsejable proporcionar este tipo de información a particulares”

¿Lo consideráis un argumento válido?

Hemos lanzado una demanda contra Interior ante del Tribunal Administrativo Contencioso. No, no consideramos un argumento ni válido ni permitido por las leyes actuales de España. A ver qué dicen los jueces…

¿Creéis que la transparencia al aportar según qué datos puede ayudar realmente a parar la corrupción?

Parar no, pero disminuir sí. La transparencia es como una vacuna contra la corrupción: funciona, pero no en todos los casos. Necesitamos también leyes, jueces y la voluntad política dentro de la clase política de cambiar el sistema. Al menos con acceso a la información los ciudadanos tendrán la información para controlar las acciones de los elegidos, para exigir mayor rendición de cuentas, y para saber cuándo uno miente.

¿Creéis que los ciudadanos son realmente conscientes de la importancia de saber según qué cosas?

En el día de día, en las tiendas, las calles, los bares, los mercados, las oficinas, las universidades, los centros deportivos, las peluquerías, los taxis, aún en los oficinas de la propia administración, escucho a gente hablando de la necesidad de saber más sobre lo que están haciendo la clase política.

Vivimos en la era de la informática y existe verdadera hambre de información. También escucho a mucha gente indignada por los casos de corrupción y harta de pensar que se utiliza su dinero –sus impuestos– para enriquecerse ilegalmente.

La Coalición Pro Acceso y sus organizaciones miembros representan a cientos de miles de personas. Ahora tenemos una página en Facebook, estamos en Twitter… Cualquier persona puede firmar nuestros nueve Principios y participar en la campaña para un mayor transparencia en España.