• Se confirma la inclusión de la Casa Real, el Banco de España, los partidos políticos, sindicatos y patronal en la ley, sin aclarar por el momento los detalles

• A pesar de las demandas de partidos en minoría y de la sociedad civil, el Gobierno es rotundo: el acceso a la información no será un derecho fundamental

• El Gobierno mantiene su intención de excluir los documentos que se utilizan para la toma decisiones -borradores e informes-, tal y como se señala en el artículo 15

 

Madrid – 30 de mayo de 2013 – El Pleno del Congreso ha debatido hoy las enmiendas a la totalidad del proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. La Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado mejoras al texto de la futura ley que estaban siendo debatidas pero, una vez más, no ha mostrado cómo se desarrollarán esos cambios en la ley.

“No podremos valorar estas medidas hasta no conocer los detalles del redactado” comenta Victoria Anderica, coordinadora de campaña de Access Info Europe “¿Cómo será ese órgano de control? ¿Qué mandato y funciones tendrá? ¿Cuál será el nivel de presupuesto público necesario para que a una empresa se le apliquen los criterios de la ley? El gobierno debería publicar el texto actual para que todos podamos conocer hacia donde avanza realmente esta ley”, añade Anderica.

El Gobierno ha dejado clara su intención de no reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, basándose en las posturas del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, que datan de antes de 2003. Esta decisión es opuesta a las directrices de los tribunales internacionales de derechos humanos, que han reconocido más recientemente el carácter fundamental de este derecho lo que plantea serias dudas sobre la decisión del Ejecutivo.

Uno de los puntos más importantes, y que no ha sido tratado en el Pleno, es el artículo 15 de la norma que excluye del alcance de la ley muchos tipos de información -como notas, informes internos o comunicaciones internas-. De no dar marcha atrás en este aspecto, podría suponer para España la imposibilidad de suscribir el Convenio del Consejo de Europa de Acceso a Documentos Oficiales, cuya definición de información es más amplia y resulta incompatible con estas exclusiones.

“De nuevo, el proceso de tramitación de esta norma está siendo totalmente opaco”, afirma David Cabo, director de Civio, “como cuando el Gobierno no accedió a dar a conocer las más de 3.600 aportaciones de la consulta pública”. Cabo, además, critica que Soraya Sáenz de Santamaría haya afirmado durante el debate que ellos se aplican ya los criterios de transparencia, cuando su propio ministerio no responde a las preguntas sobre la propia ley de transparencia.

El gobierno también ha comunicado que la Casa Real, el Banco de España, los partidos políticos, las organizaciones sindicales, la patronal y todas las entidades que cuenten con una inversión de dinero público “relevante” -las cuantías mínimas están aún por definir- estén incluidos en las mismas condiciones que los órganos constitucionales afectados por la ley. Además, ha anunciado la creación de un Consejo para la transparencia y el Buen Gobierno, sin concretar ningún detalle más sobre su funcionamiento, mandato, composición, independencia y potestades.

 

Para más información:

 

• Victoria Anderica – Coordinación de campaña Access Info Europe: victoria@access-info.org / tlf. 606592976

• Javier de Vega – Comunicación, Fundación Ciudadana Civio: javier@civio.es / tlf. 650 074 421

• Vicky Bolaños – Qué hacen los diputados: vickybol@gmail.com

• Access Info Europe (http://www.access-info.org/) es una organización de derechos humanos sin ánimo de lucro. Su misión es promover y proteger el derecho de acceso a la información en Europa como herramienta para la defensa de nuestras libertades civiles y los derechos humanos, para facilitar la participación pública en la toma de decisiones, y para exigir que el gobierno rinda cuentas.

• La Fundación Ciudadana Civio (http://www.civio.es/) es una organización sin ánimo de lucro creada en febrero de 2012 que busca fomentar un concepto de ciudadanía activa e involucrada, incidiendo en la transparencia informativa y la apertura de datos. Sus principales actividades son el desarrollo de aplicaciones tecnológicas que faciliten el acceso a la información pública, como España en llamas, ¿Dónde van mis impuestos?, tuderechoasaber.es o El Indultómetro. Civio impulsa la creación de contenidos periodísticos independientes y de calidad basados en datos.

• La iniciativa ‘Qué hacen los diputados’ empezó a gestarse en junio de 2011 gracias a un grupo de personas interesadas en mejorar la cultura democrática de la política española (acercando los ciudadanos a la toma de decisiones), mejorar la transparencia e implicar a la ciudadanía en el seguimiento político. En la actualidad desarrolla una aplicación web opensource de seguimiento y visualización del trabajo de los diputados/as del Congreso que está siendo financiada colectivamente mediante crowdfunding.