Madrid, 19 de diciembre de 2014 – La Coalición Pro Acceso, plataforma creada en 2006 para promover la aprobación de una ley de transparencia en España, denuncia la baja calidad de la ley de transparencia y considera inaceptable la terrible implementación que empezó el pasado 10 de diciembre.

Además de las limitaciones que recoge a propia ley es realmente alarmante la denegación tácita del derecho a solicitar información que solo puede ser ejercido a través del portal de transparencia y si se cuenta con un DNIe, un certificado digital o si se entrega un teléfono o un número de cuenta. “Es sin ninguna duda la ley más restrictiva del mundo en cuanto a los requisitos para solicitar información y va en contra del Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Oficiales“, comentaba Victoria Anderica, coordinadora de campañas de Access Info Europe.

Desde su aprobación en el Congreso de los Diputados la ley de transparencia arrancaba mal, criticada por expertos nacionales e internacionales esta ley está por debajo de los estándares internacionales y no integra los Diez Principios que la Coalición Pro Acceso lleva promoviendo desde 2006. A continuación destacamos algunos de los problemas más graves de la ley:

1. No reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental. A pesar de ello el Consejo General del poder Judicial sí lo ha reconocido.

2. La ley de transparencia no incluye a todas las instituciones públicas: Excluye al poder judicial al completo y las empresas privadas que gestionan servicios públicos no tienen las mismas obligaciones de transparencia que las instituciones públicas, solo tendrán que publicar una serie de información de manera proactiva.

3. Definición de información inaceptable: Esta ley excluye mucha información lo que choca directamente con el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos que con Esta ley España no podrá ratificar. En primer lugar, el artículo 18 es inaceptable ya que excluye tipos de información, en concreto la información auxiliar (notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos de órganos o entidades administrativas), imprescindibles para entender por qué se toman las decisiones. En segundo lugar, la disposición adicional primera establece que esta ley tiene un carácter supletorio para aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información. Y por último la definición de información no menciona toda información será accesible, sin importar el formato, algo fundamental entre otras cosas, para el movimiento Open Data, muy desarrollado en España.

4. La ley de transparencia impone un doble silencio administrativo negativo, es decir, que si el organismo consultado no contesta, se entiende que se deniega la solicitud. Además el Consejo de la Transparencia tampoco estará obligado a contestar.

Uno de los principios básicos del derecho de acceso a la información es que las denegaciones deben ser motivadas, el silencio negativo viola de base este principio. Es especialmente preocupante esta cuestión en España donde una media del 50% de las solicitudes de información acaba en silencio administrativo. El silencio administrativo negativo en las solicitudes de información supone un gran obstáculo para implementar un buen sistema de transparencia en España.

5. El Consejo de la  transparencia no es independiente: El presidente es nombrado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, esto hace que este organismo sea juez y parte a la hora de decidir sobre un conflicto.

La Coalición Pro Acceso la forman más de 65 organizaciones de la sociedad civil y varios conocidos expertos que han criticado de forma precisa y en profundidad la ley de transparencia y se muestran preocupados por la forma como se está implementando:

Confederación de Consumidores y Usuarios: “Como organización adherida a la Coalición Pro Acceso, CECU ha venido defendiendo repetidamente la necesidad de una ley de transparencia de amplio calado que facilite a los ciudadanos información completa sobre el destino de todos y cada uno de los euros que maneja la administración pública. Por desgracia, esa ambición ha quedado diluida en una legislación que se queda, a todas luces, muy corta con respecto a las ambiciones iniciales y también en relación a otras leyes que muchos estados europeos tienen en la materia.”

Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales: “Además de las grandes deficiencias, aún nos falta otro año para que sea efectiva en los ámbitos municipales y autonómicos.”

Manuel Sánchez de Diego, profesor de derecho de la información de la Universidad Complutense de Madrid: “Entre esperanzados y desilusionados asistimos a la entrada en vigor de la ley de transparencia en las instituciones estatales. Esperemos que su desarrollo sea eficaz y consiga que los ciudadanos seamos los verdaderos titulares de la soberanía popular. Desilusionados porque el derecho a acceder a la información pública es mucho más que un portal de transparencia y los sueldos de unos y otros servidores públicos. Es un derecho fundamental reconocido en la jurisprudencia internacional y, confiemos, que en breve por la española.”

Elisa de la Nuez: “Es especialmente alarmante la poca credibilidad con que nace el Consejo de Transparencia, no solo por su falta de independencia formal en la ley sino porque en la práctica ni siquiera han planteado pluralidad política en la elección de la Comisión y está presidido por una persona propuesta por el Ministro de Hacienda. Además es lamentable que no haya ninguna presencia de la sociedad civil.”

Desde Librexpression.es, su presidente Cesáreo Martín, anima a utilizar tanto la Ley como el Portal de Transparencia pese a las deficiencias de fondo y forma que se han confirmado en sus primeros días de funcionamiento y las barreras que complican la solicitud de información o el cruce de datos, porque sólo exigiendo un buen funcionamiento y mostrando las carencias se mejorará. Los periodistas, ya lo estamos viendo, podemos encontrar y solicitar información que hasta ahora permanecía oculta o era negada sistemáticamente por las distintas administraciones, con argumentos en ocasiones ridículos. Es cierto que mucha información, a la que tenemos derecho a acceder y a la que sí acceden ciudadanos de países de nuestro entorno, seguirá oculta por cómo se ha articulado la Ley. Tampoco ayuda nada la estructura, el sistema de búsqueda, el lenguaje, los formatos de los datos y los procesos de solicitud de información del Portal de Transparencia, pese a los recursos económicos destinados a su puesta en marcha. Obviamente queda mucho camino por recorrer pero la puerta está abierta.

Javier Pérez, director del CIECODE “Es una lástima que la Ley de Transparencia nazca viciada de inicio, nos hubiese gustado que se eliminase la ambigüedad y discrecionalidad a la hora de establecer limitaciones de acceso a información como en el caso de las exclusión de temas de relaciones comerciales y toma de decisiones”. “El verdadero reto que tenemos desde la sociedad civil empieza ahora, con la entrada en vigor de la ley, habrá que ver cómo se aplican estas restricciones para que haya una verdadera transparencia“.

Enrique Jaramillo, abogado especialista en acceso a la información: “Comenzar la andadura de la transparencia en nuestro país con un desfase temporal importante en relación con el resto de países, y hacerlo sin tan siquiera reconocer los estándares internacionales que sí reconocen los países y ordenamientos jurídicos que llevan años aplicando leyes de transparencia y acceso a información pública, omitiendo deliberadamente reconocer que un derecho tan importante para el desarrollo de la sociedad debe estar regulado como derecho fundamental, no puede considerarse un logro. Confiemos en que se recapacite y se le otorgue a este derecho la importancia que se merece.”

Desde la Coalición Pro Acceso pedimos a los servidores públicos, funcionarios y políticos y, en general a todas las personas, un compromiso para lograr que de una mediocre Ley logremos una auténtica transparencia. El objetivo es muy sencillo, lograr que todos los ciudadanos sean los auténticos propietarios de la información pública.

Para más información, contactar con:

Victoria Anderica | Access Info Europe
victoria@access-info.org +34 606 592 976