A pesar de la inminente puesta en marcha de una ley de acceso a la información pública, el informe del primer cuatrimestre de actividad en ‘Tu Derecho A Saber‘ pone de manifiesto que, en la práctica, existen graves problemas de transparencia en España.

Este primer informe, revela que la mayoría de las solicitudes no obtienen respuesta, o ésta es incompleta. En concreto, el 47 % no tienen contestación alguna (lo que llamamos ‘silencio administrativo’), y sólo un 14% cuentan con una respuesta satisfactoria. Es decir, en un 86 % de los casos, el ciudadano no obtuvo la información que deseaba, si es que obtuvo alguna.

El estudio, realizado por Access Info Europe y la Fundación Ciudadana Civio, analiza 373 peticiones de información realizadas por los usuarios entre el 22 de marzo y el 21 de julio de 2012 a distintas instituciones españolas, a nivel nacional, autonómico y local, siendo clasificadas las respuestas en función de su efectividad.

Un ejemplo de respuesta satisfactoria fue la del Principado de Asturias, proporcionando al ciudadano la información solicitada sobre el coste de sus últimas elecciones. El desglose de estos datos y los del Gobierno Vasco, nos permitieron un análisis más profundo sobre el gasto en unos comicios autonómicos, publicado recientemente en el eldiario.es.

Como otros ejemplo de buenas prácticas aparecen, el Congreso de los Diputados, preguntado por los asesores de los parlamentarios, y el Senado, que facilitó la información solicitada sobre el coste anual de los intérpretes.

Cuando la institución contactada no posee la información que se solicita, lo ideal sería que, como en el caso del Gobierno de Navarra, se facilitase el contacto del organismo competente para el caso. Lo que no tiene mucho sentido, por el contrario, es lo sucedido en esta petición al Ministerio de Justicia, que, siendo responsable de dictar los indultos, alegó no tener un listado de los mismos, y se limitó a remitir al ciudadano al Boletín Oficial del Estado.

España es el único país de Europa con más de un millón de habitantes que no tiene una ley de acceso a la información pública, y la única ley que reconoce un acceso parcial a la misma (Ley 30/1992) es muy restrictiva. Sin embargo, sí que existe una normativa específica para la información de medio ambiente (Ley 27/2006), en la que se establece un plazo de 30 días para que las instituciones contesten a las peticiones ciudadanas. Como se puede comprobar en el siguiente gráfico, las respuestas satisfactorias sólo alcanzan un 22%, y el silencio administrativo sigue rozando la mitad del total de solicitudes.

El principal problema parece ser, según un estudio de la Asociación Ambientalista ACIMA, que los propios funcionarios desconocen la información que se les pide. Es el caso de la Plataforma Eurovegas No, que solicitó los informes de impacto medioambiental de la construcción de un macro complejo de ocio en la Comunidad de Madrid. Hasta la fecha, no se ha recibido respuesta alguna.

Para el resto de peticiones, si en tres meses no se ha recibido respuesta alguna, se considera ‘silencio administrativo’. Un plazo que, en leyes similares europeas, se limita a 15 días. Entre ese 47 % de solicitudes sin respuesta, podemos citar por ejemplo la del presupuesto de Sanidad o la del coste del alumbrado público de las Autovías, entre otras.

Analizando las solicitudes por el tipo de institución contactada, se confirma que la mayoría, un 69%, se dirigieron a organismos nacionales, entre los que un 77% se destinaron a los ministerios; en especial, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El alto porcentaje en ausencia total de respuesta (un 47%) señala el estado deficiente de la transparencia en las instituciones españolas.

Un claro ejemplo es el siguiente caso: cuando la Ministra de Sanidad Ana Mato comentó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que 700.000 extranjeros usaron indebidamente servicios sanitarios en 2009. Después, un usuario de ‘Tu Derecho A Saber’ preguntó en qué basaban esas cifras y, como única respuesta, obtuvo el nombre de un informe del que se habían sacado las cifras, pero ni se facilitó el informe, ni los datos.

En el caso de instituciones autonómicas, el número de solicitudes disminuye bastante, aunque el porcentajes de respuesta satisfactoria es similar al de peticiones nacionales. En cambio, los organismos de ámbito local son especialmente opacos: de 35 solicitudes (el 10% del total), solo dos recibieron respuesta, a una se alegó no poseer la información y otras tres remitieron a un formulario. El silencio administrativo asciende en estos casos al 77%, en cuestiones que afectan particularmente al día a día de los ciudadanos como los planes de limpieza del barrio de Lavapiés en Madrid, los contenedores de reciclaje en Valencia o las condiciones de trabajo en los servicios de transporte del País Vasco.

En el informe se incluyen una serie de recomendaciones detalladas que la ley debería incluir para mejorar la eficacia de la comunicación con las instituciones y la transparencia de las mismas.