El País | 27/12/2016
Español – Cuando entró en vigor la Ley de Transparencia pocos preveían el alto grado de judicialización que alcanzaría. Tras dos años en vigor, se han presentado 32 recursos ante los tribunales. La gran mayoría, del propio Gobierno para evitar dar información a los ciudadanos. La Abogacía del Estado ha presentado ya, en nombre de ministerios o empresas públicas, una veintena de recursos porque no está de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que daban la razón a ciudadanos o asociaciones.
