Proyecto Tenders Guru: Directiva de la UE para la Protección de los Alertadores

Madrid, 22 de enero de 2020-Organizaciones líderes en transparencia y lucha anti-corrupción de toda Europa han lanzado hoy la Guía sobre la Directiva de la Unión Europea de Protección de los Alertadores – whistleblowers, que entró en vigor el 16 de diciembre de 2019 y que los miembros de la UE deben transferir a sus legislaciones en un plazo de dos años.

La Guía explica cómo la Directiva de la UE sobre Protección de Alertadores está estructurada y los mínimos estándares de protección que los países deben incorporar a sus leyes nacionales. Asimismo establece una serie de recomendaciones sobre la forma en que las leyes nacionales pueden garantizar una protección aún más amplia a todo aquel que denuncie la corrupción y los actos ilícitos en cualquier área de actividad y gasto gubernamentales.

El documento ha sido producido por Access Info Europe, Civio, ePaństwo Foundation, Funky Citizens y K-Monitor, como parte del proyecto Tenders Guru, financiado por la Unión Europea, que tiene por objeto incrementar la transparencia de la contratación pública y ayudar a los órganos de control a detectar problemas.

“La corrupción en la contratación pública es un problema grave, que se calcula que añade hasta un 15% al coste de los proyectos financiados con fondos públicos en toda la UE,” explicó Rachel Hanna, investigadora en Access Info. “Es aquí donde los alertadores juegan un papel importante, ya que un estudio de la Comisión Europea estima que la protección de estos podría ayudar a evitar posibles pérdidas de entre 6.000 a 9.000 millones de euros al año en la región de la UE.”

Bajo la nueva Directiva de la UE sobre la Protección de Alertadores, las personas que tengan el valor de denunciar la corrupción y otras infracciones de la ley recibirán protección. Las áreas de la legislación en las que se protegerá a estos denunciantes incluyen los servicios financieros, la seguridad de los productos y el transporte, la seguridad nuclear, la salud pública, la protección de los consumidores y la protección de datos, así como la contratación pública.

«La Unión Europea, a través de sus normativas sobre contratación pública, ha establecido medidas destinadas a detectar prácticas corruptas. Estas medidas incluyen el uso de la contratación electrónica, la mejora del mantenimiento de registros y los mecanismos de conflicto de intereses, pero todavía pueden darse prácticas ilegales, por lo que se necesita urgentemente esta protección para los alertadores,» añadió Rachel Hanna.

Las nuevas normas de la UE requieren:

La creación de canales seguros para informar tanto dentro de una organización -privada o pública- como a las autoridades públicas;
Un alto nivel de protección para los alertadores contra las represalias;
Información activa y adecuada a los ciudadanos; y
Formación de funcionarios públicos sobre cómo tratar con la denuncia de irregularidades.

Dado que la Directiva de la UE sobre Protección de Alertadores de irregularidades sólo requiere protección en las áreas regidas por la UE, las organizaciones que forman parte del proyecto RECORD recomiendan que los Estados Miembros aprueben protecciones más amplias que cubran todas las áreas de la legislación.

Con ese fin, el proyecto Tenders Guru alienta a los Estados Miembros a adoptar las siguientes medidas:

Ampliar el alcance de la protección a las denuncias de infracciones en todos los ámbitos del derecho, tanto dela UE como nacional;
Permitir la denuncia anónima;
Ampliar la protección a todo aquel que corra el riesgo de sufrir represalias como consecuencia de la denuncia;
Asegurar que todas las entidades jurídicas públicas tengan que establecer canales internos de información;
Establecer un deber de cuidado de los alertadores para los que trabajan en los canales de información internos y externos;
Eliminar la carga adicional de la responsabilidad del alertador de recibir protección contra los procedimientos legales;
Asegurar que los alertadores y facilitadores tengan acceso a una amplia gama de medidas correctivas que abarquen todas las consecuencias directas, indirects y futuras de cualquier tipo de represalia;
Establecer una autoridad independiente con suficiente poder y recursos para que supervise la aplicación de canales de información eficaces y garantice la protección de los alertadores;
Establecer una autoridad independiente que supervise el cumplimiento de las nuevas normas y tenga la facultad de sancionar a quienes no hayan establecido un sistema adecuado; y
Poner a disposición del público los informes anuales de la Comisión sobre las estadísticas de las denuncias.