Madrid, 2 de julio de 2020 – Access Info Europe y otras 15 organizaciones han pedido hoy al Gobierno español que desarrolle un proceso legislativo participativo y transparente para transponer la Directiva Europea 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las personas que informen sobre las infracciones del derecho de la Unión; una tramitación para la que los Estados Miembro disponen de 24 meses desde el 17 de diciembre de 2019.

En una carta abierta, los firmantes denuncian que se haya excluido a la sociedad civil del Grupo de Trabajo ordenado por el Ministerio de Justicia el pasado 2 de junio de 2020 para la transposición de la Directiva (UE) sobre protección de los alertadores, y exigen la creación de un canal que permita presentar aportaciones, especialmente de personas expertas o víctimas de la inseguridad jurídica que actualmente representa ser alertador de corrupción.

Con ello, las organizaciones solicitan que el proceso legislativo para transponer esta Directiva se haga sujeto a los valores de Gobierno Abierto y que se incluya en los compromisos del Ejecutivo para el IV Plan de Acción de Gobierno Abierto, actualmente en fase de diseño.

Accede a las 18 propuestas de la Coalición Pro Acceso para el IV Plan de Acción de Gobierno Abierto

“Proteger a las personas alertadoras es prevenir y luchar contra la corrupción, defender el medioambiente y respetar los Derechos Humanos”, declaró Helen Darbishire, Directora Ejecutiva de Access Info Europe.

Solo ocho países de la Unión Europea han comenzado el proceso de transposición, entre los que destaca Irlanda, que lo abrió a consulta pública. España tiene ante sí la oportunidad de estar a la vanguardia en protección de alertadores y de dar pasos importantes hacia una mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, como ha realizado recientemente con la creación de un portal de participación ciudadana para la presentación de propuestas a la Comisión para la reconstrucción social y económica tras la crisis del Covid-19.

Entre los puntos demandados en el comunicado están:

  • La protección real y efectiva de las personas alertadoras.
  • La necesidad de establecer una regulación de protección de los alertadores que establezca las máximas garantías.
  • Desarrollar un proceso legislativo abierto, participativo y transparente siguiendo los fundamentos de Gobierno Abierto.
  • Crear un canal de participación para expertos, sociedad civil organizada y víctimas.

Acceda al documento íntegro aquí

Apoyan la iniciativa:

Access Info
Acción Cívica
ADUCCO – Alertadores y denunciantes unidos contra la Corrupción
Alertadores contra la Corrupción – Valencia
ANADEI – Asociación Española de Afectados por Delitos Económicos e Impagos
ASEBLAC – Asociación Española de los Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales
Asociación Alianza contra la Corrupción – Andalucía
AWP/Fíltrala
Blueprint for Free Speech
Corruptil
Fundación Internacional Baltasar Garzón – FIBGAR
Fundación por la Justicia
Más Democracia
Plataforma por la Honestidad
Transparencia Internacional – España
X-Net