Estrasburgo (participación virtual), 17 de noviembre de 2020 – Access Info ha hecho hoy un llamamiento a todos los Estados miembros del Consejo de Europa para que firmen y ratifiquen el Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos oficiales -el Convenio de Tromsø-, con un llamado especial a Francia, Alemania, Italia y Reino Unido para que sigan a España y se aseguren de que los países más grandes de Europa sean parte del Convenio.
En su intervención ante el grupo de Política de Información del Comité de Ministros del Consejo de Europa, la directora de Access Info, Helen Darbishire, también pidió la rápida creación del Grupo de Especialistas que supervisará la aplicación del Convenio tras su entrada en vigor el 1 de diciembre de 2020.
Darbishire recomendó la contratación de expertos con experiencia práctica en la aplicación de leyes de acceso a la información, como antiguos comisarios de información, para el Grupo de Especialistas, y pidió que cuente con financiación suficiente para que este sea eficaz.
“El Convenio de Tromsø trata del derecho del público a saber. La pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de saber cómo se toman las decisiones, cómo se asignan los fondos y de tener un acceso rápido a los datos sobre la salud y también sobre la contratación pública”, declaró Darbishire.
Entre los 47 países que forman parte del Consejo de Europa, únicamente Andorra no tiene una ley de acceso a la información. Sin embargo, solo 10 han ratificado hasta ahora el Convenio de Tromsø.
Uno de los problemas es que no todas las leyes cumplen siquiera los estándares mínimos del Convenio. Durante la reunión, el representante de Austria, que actualmente tiene la ley de acceso a la información más débil de Europa, señaló los planes de su gobierno para adoptar una ley más fuerte y superar una cultura histórica de secretismo.
Otros representantes que participaron en la reunión, como los de Estonia, Finlandia, Noruega y Ucrania, destacaron la importancia de la transparencia gubernamental para proteger la misión del Consejo de Europa de promover los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho.
“Un régimen de transparencia bien aplicado garantiza que el público y los organismos de control, como los periodistas y la sociedad civil, tengan la información que necesitan para hacer su trabajo, para defender los derechos humanos y para vigilar la corrupción”, añadió Darbishire.
Otra recomendación presentada por Darbishire es que todos los países se adhieran a las disposiciones opcionales sobre transparencia legislativa y judicial. En la actualidad, 31 de las 46 leyes de acceso a la información de los países del Consejo de Europa se aplican al poder legislativo, mientras que solo 25 de estos tienen leyes de acceso a la información que se aplican al poder judicial. Además, existen importantes problemas de acceso a la jurisprudencia de los tribunales en varios países, como han demostrado las recientes negativas de Eslovenia a facilitar a los periodistas las sentencias judiciales.
“Desde que se redactó el Convenio de Tromsø, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la ONU han reconocido que el acceso a la información es un derecho fundamental que debe aplicarse a todos los organismos públicos. El Consejo de Europa debería garantizar que todos los países se comprometan a lograr la máxima transparencia”, declaró Darbishire.
Foto de Helen Darbishire, Tromsø, Noruega, 2012.