Madrid, 3 de junio de 2021- La Comisión Europea se está planteando dar marcha atrás en la promesa de exigir a los Estados miembros la apertura de los registros mercantiles, porque un puñado de países ricos –Alemania, Italia y Países Bajos– podrían perder ingresos por la venta de estos datos, según ha descubierto Access Info Europe. 

Esta revelación tan preocupante sobre el retroceso en materia de transparencia se produce en una semana en la que la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Corrupción ha recomendado una mayor transparencia de la propiedad efectiva de las empresas en su Declaración Política, y una treintena de gobiernos de todo el mundo están asumiendo compromisos sobre los datos abiertos de las empresas en el marco de sus Planes de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto.

La recomendación de que los Estados miembros de la UE no cumplan con el compromiso de la Directiva de Datos Abiertos de 2019 de abrir completamente los registros mercantiles está recogida en un estudio muy contradictorio – la “Evaluación de Impacto” – preparado para la Comisión por consultores en agosto de 2020, y que aún no se ha compartido con los gobiernos nacionales.

Access Info obtuvo esta Evaluación de Impacto no publicada, a través de una solicitud de acceso a documentos. El informe, que servirá de base para la propuesta de la Comisión Europea sobre el Acta de Aplicación de la Directiva de Datos Abiertos, sopesa una serie de beneficios económicos y sociales cuantificables frente a las preocupaciones sobre los costes de un puñado de países más ricos, y propone una solución al recomendar sólo un acceso parcial a los registros de empresas.

Resulta bastante extraño que la recomendación del acceso parcial se vea socavada por el propio texto de la Evaluación de Impacto, que reconoce reiteradamente las considerables ventajas de la apertura y la necesidad, desde el punto de vista de los reutilizadores, de la publicación completa para que se materialice el valor económico y social de los datos.

Los beneficios de la apertura de los datos de las empresas identificados por la Evaluación de Impacto incluyen una mayor transparencia de la contratación pública, una supervisión más fácil de las normas sobre delitos financieros, una mejor participación pública y una mayor responsabilidad de los gobiernos.

Como aspecto positivo, la Evaluación de Impacto no identifica ninguna preocupación importante relativa a la protección de datos personales, problema grave de protección de datos personales, señala que los que tienen fondos pueden comprar estos datos en cualquier caso y no cita ninguna consecuencia negativa en los países que han abierto estos datos. El estudio hace referencia a vagas «sensibilidades políticas» (que Access Info cree que podrían ser una mezcla de preocupaciones por los datos personales y la presión de los lobbies sobre los gobiernos), pero no las especifica con claridad.

Access Info ha publicado hoy un detallado análisis (disponible en inglés) que resume las cifras dadas, incluyendo los beneficios económicos cuantificables de la apertura total de los datos de las empresas

  • Oportunidades de negocio por valor de miles de millones de euros (en el Reino Unido la apertura del registro de empresas creó oportunidades de negocio para los reutilizadores por un valor estimado de 780 millones de euros);
  • Reducción significativa del tiempo y los costes para los 24 millones de PYMEs de Europa, tanto en la presentación de informes como en la comprobación de la propiedad de otras empresas;
  • Facilitar el descubrimiento y la disuasión del blanqueo de capitales, que, según Europol, cuesta a la UE casi 200.000 millones de euros al año;
  • Disminuir la corrupción en la contratación pública, que cuesta a la UE unos 5.000 millones de euros al año.

En contrapartida, los costes de reestructuración de los registros y la pérdida de ingresos se estiman en 20 millones de euros en Alemania, 60 millones en Italia y 50 millones en los Países Bajos. Estas estimaciones no se basan en fuentes fiables, ni tienen en cuenta los avances de Alemania en la apertura de datos en 2021.

“El estudio de la Comisión no tiene en cuenta que, sin una inversión inicial, los europeos se verán privados del enorme valor social y económico de los registros de empresas totalmente abiertos”, explicó Helen Darbishire, Directora Ejecutiva de Access Info Europe. “¡Esto es muy erróneo!”

La protección de datos personales no es un problema

Access Info ha constatado que la Evaluación de Impacto no realiza una evaluación adecuada de los problemas de protección de datos personales (haciendo referencia a temores no especificados sobre el «mal uso» por parte de los organismos de registro de empresas en Francia, Italia, los Países Bajos y Malta), señala que los que tienen dinero pueden pagar por el acceso en cualquier caso, y recomienda que se consulte al Supervisor Europeo de Protección de Datos, algo que todavía no ha hecho la Comisión.

“Hoy pedimos a la Comisión Europea que realice un estudio adecuado sobre cómo mitigar los problemas de protección de datos personales, lo que, sin duda, disiparía los temores, además de demostrar, una vez más, la inmensa importancia de que los nombres de los propietarios y usufructuarios estén a disposición de todos, y no sólo de los que tienen recursos para pagarlos”, declaró Helen Darbishire.

Próximos pasos: ¡Consulta y acción!

Access Info pide hoy a la Comisión que sea más transparente sobre el modo en que se han calculado las cifras de costes e ingresos en la Evaluación de Impacto, y que abra un debate serio sobre las ventajas de una información totalmente pública sobre la propiedad de las empresas en el marco de la Directiva de Datos Abiertos.

La consulta pública sobre las recomendaciones que contendrá la Directiva de Datos Abiertos ya lleva mucho retraso. Access Info pide que se hagan públicos de inmediato todos los documentos y evaluaciones en poder de la Comisión Europea, incluido un dictamen que se debe solicitar al Supervisor Europeo de Protección de Datos, y que se garantice que haya tiempo para que los Estados miembros y el público europeo revisen estos documentos antes de la consulta pública prevista, que durará un mes.