Expertos internacionales en libertad de prensa visitan España y alertan sobre la amenazas acechan a la libertad de información en el país

La primera ley de transparencia española entró en vigor en medio de la crítica generalizada por no respetar los estándares internacionales

Madrid, 11 de diciembre de 2014 – La sociedad civil española debería alzar su voz ante las distintas amenazas que acechan a la libertad de información en el país, según afirma el Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés) tras la misión internacional que se llevó a cabo en Madrid y Barcelona del 1 al 4 de diciembre.

Las organizaciones que participaron en el proyecto observaron cómo la ausencia de una monitorización continua de las violaciones contra la libertad de prensa ha entorpecido el libre flujo de información en el país. Un bien necesario para fortalecer la democracia en España 40 años después de su nacimiento.

Liderada por el IPI, es la primera visita internacional de esta índole en España y contó con la participación de la Federación Europea de Periodistas (EFJ, por sus siglas en inglés), Reporteros sin Fronteras (RSF, por sus siglas en francés), El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), Open Society Foundations (OSF) y Access Info Europe (AIE). La misión nació con el objetivo de calibrar el estado de la libertad de prensa, de expresión y el derecho al acceso de la información en un país gravemente afectado por la crisis financiera y los escándalos de corrupción.

En medio de tal incertidumbre política y económica, la delegación internacional observó un alarmante crecimiento de la desconfianza de los ciudadanos respecto a los medios de titularidad pública en España, ampliamente percibidos como un instrumento al servicio de los poderes políticos.

Algunos de los interlocutores con los que la delegación se reunió, los Consejos de Informativos de Radio Televisión Española, advirtieron de la necesidad de establecer unos criterios profesionales a la hora de asignar puestos directivos en lugar de priorizar las afiliaciones políticas y, de esta manera, minimizar la influencia del gobierno sobre el contenido que se emite. De hecho, los miembros de los Consejos de Informativos mostraron algunos ejemplos de injerencia política que la delegación al completo consideró como un acto directo de censura.

Tan sólo 24h antes, algunos miembros de la misión internacional habían mantenido una decepcionante reunión con los representantes de la dirección de la Corporación de RTVE. A pesar de acoger a la delegación en sus oficinas, les advirtieron que no estaban dispuestos, o preparados, para tratar ningún aspecto sobre la libertad de prensa. Los mismos, aseguraron que no habían sido avisados de que la reunión incluiría preguntas sobre la libertad de información (a pesar de que la carta oficial que se les envió con anterioridad recogía claramente este punto) y que no podían “improvisar” las respuestas. Los representantes de RTVE no manifestaron en ningún momento qué temas querían tratar en su lugar.

La delegación agradeció la oportunidad de reunirse con la Secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, quién se mostró abierta a revisar la documentación donde se detallan algunas recomendaciones para promover la creación de un organismo regulador independiente del audiovisual, la implementación de la recién aprobada ley de transparencia y acceso a la información pública, la descriminalización de la leyes que regulan la injuria y la calumnia, y la falta de transparencia en la distribución de la publicidad institucional en los medios de comunicación, entre otras muchas cuestiones que la delegación pudo exponerle.

«Estamos muy satisfechos por la predisposición del gobierno central a recoger nuestras sugerencias que buscan mejorar las garantías de la libertad de prensa en España» destacó la subdirectora del Instituto Internacional de la Prensa, Barbara Trionfi. Además, aseguró que haría llegar al gobierno «los documentos que incluyen los estándares internacionales y las mejores prácticas en aspectos claves como la gestión independiente de los medios de comunicación de titularidad pública, la regulación del audiovisual y la descriminalización de la injuria y la calumnia, con el objetivo de que las autoridades contemplen su implementación«.

A pesar de todo, la representante del IPI advirtió de que «una sociedad civil que sea capaz de documentar las violaciones contra la libertad de prensa y sensibilizar a la población en relación a estos casos es la clave para una defensa de los derechos de los periodistas a informar con independencia en España. Por su lado, el gobierno debe estar dispuesto a recoger las aportaciones facilitadas por importantes sectores de la sociedad civil y otros actores como elemento esencial en el proceso legislativo«. En este sentido, la subdirectora del Instituto Internacional de la Prensa dio la bienvenida a la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) en su presentación. Una nueva coalición que reúne a abogados, fiscales, representantes de algunos medios de comunicación, académicos y defensores de los consumidores.

Durante su visita, la delegación internacional también observó un escepticismo generalizado sobre la nueva Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que entró parcialmente en vigor ayer, 10 de diciembre. Diversas organizaciones civiles y representantes de los medios de comunicación recriminan al gobierno que dicha ley esté lejos de los estándares europeos e internacionales.

La Secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, salió en defensa de la misma y aseguró que es la primera vez en España que una legislación recoge el acceso a la información pública y que el texto incorpora buena parte de las enmiendas de los partidos en el Parlamento: «Tenemos la firme voluntad de que