Fallo 1 – Existen deficiencias importantes en los estándares actuales tanto a nivel internacional como nacional en el ámbito del derecho de acceso a la información, lo que se traduce en la obtención de información en formatos que no pueden volver a utilizarse.
Fallo 2 – Los estándares de transparencia futuros deberían anticiparse de inmediato; se necesita una reducción de obstáculos técnicos en la futura obtención de información y, desde una perspectiva política, un aprovechamiento total del potencial democrático de los datos gubernamentales.
Fallo 3 – Existe falta de transparencia en cuanto a quién posee los datos gubernamentales. Los derechos de autor, de bases de datos y de autor restringen el derecho del público a reutilizar los datos gubernamentales. Urge revisar el marco legal que establece quién posee la información relativa a los gobiernos, qué son exactamente los derechos de propiedad intelectual de organismos públicos y si se puede dar el caso de que la información gubernamental pueda devenir de uso público.
Fallo 4 – Hay un conflicto sin resolver entre el derecho a acceso a la información como parte inherente de la libertad de expresión y las limitaciones impuestas en la reutilización de datos referentes a los gobiernos a través de licencias de derechos de autor y los cobros por la reutilización comercial.
Fallo 5 – No existe una colaboración lo suficientemente estrecha entre el acceso a la información y los movimientos abiertos de datos gubernamentales, lo que provoca que se pierdan oportunidades para avanzar el campo de la transparencia.
Recomendaciones: El informe contiene una serie de recomendaciones sobre cómo deberían tratarse dichos retos, por parte de la sociedad, los patrocinadores, los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales.