• Access Info Europe y la Fundación Ciudadana Civio presentan el Informe Tuderechoasaber.es 2012, que analiza las solicitudes de información enviadas a las instituciones desde esta web
• Únicamente el 13% de las preguntas (75 de 567) obtuvo de las instituciones la información que requería el solicitante
• La futura ley de transparencia es insuficiente y no permitirá mejorar el acceso a la información en la prácticaMadrid, 9 de abril de 2013
– Un año después de la entrada en la agenda política de la Ley de Transparencia (el borrador se presentó el 26 de marzo de 2012), y a punto de finalizar el plazo para enmendarla en el Congreso, los ciudadanos no reciben mejor atención de las instituciones que entonces: el nivel de preguntas que no reciben contestación sigue por encima de la mitad (54%), mientras que solo un 13% de solicitudes recibe la información solicitada, según el informe de 2012 de tuderechoasaber.es (ver on line) que publican hoy Access Info Europe y la Fundación Ciudadana Civio.
El informe está basado en un análisis de 567 solicitudes de información enviadas a través de la plataforma tuderechoasaber.es entre el 20 de marzo y el 31 de diciembre de 2012, de las cuales un total de 306 peticiones (54%) no han recibido ninguna contestación. Además, las solicitudes de información respondidas (el 46%) son insuficientes; el 14% recibió una respuesta incompleta, inadecuada o fueron rechazadas, en el 12% de casos, las instituciones afirmaron no tener la información solicitada y en el 7% se remitió a un formulario, una medida claramente restrictiva.
«Si no se introducen mejoras, el proyecto de ley que saldrá del Congreso no proporcionará ninguna garantía nueva para el ciudadano», valora Victoria Anderica, coordinadora de campañas de Access Info Europe. «Los malos resultados se repiten un año más y la futura ley además de excluir mucha información y muchas instituciones de su alcance, no contempla ninguna medida de implementación; es lo mismo que pasó con la ley de acceso a información medioambiental y en este informe vemos las consecuencias: 58% de silencio administrativo», señala Anderica.
Pese a contar con una norma en vigencia que debería garantizar el derecho de acceso a la información medioambiental (con respuesta en el plazo de un mes), el 58% de las preguntas de este ámbito nunca obtuvo contestación. Esta práctica, conocida como «silencio administrativo negativo» persiste en el proyecto de ley que está tramitando el Congreso, lo que dejaría lastrada la eficacia de la Ley de Transparencia desde su mismo alumbramiento.
Entidades que dicen abanderar la transparencia pero no predican con el ejemplo
El uso del silencio administrativo es especialmente significativo en el caso de los partidos políticos. Aunque su financiación, cuentas y los criterios que siguen sus nombramientos preocupan a los ciudadanos, y pese a que todos ellos se declaran partidarios de someter su funcionamiento a «criterios de transparencia», en la práctica constatamos que, a excepción de UPyD (en dos de tres ocasiones) ningún partido ha respondido a las preguntas de los ciudadanos.
De hecho, la opacidad del proceso de creación de la Ley de Transparencia, denunciada en numerosas ocasiones desde la sociedad civil, se refleja también en el propio informe. El Ministerio de Presidencia, cuerpo público responsable del actual proyecto de ley, ha denegado cualquier tipo de respuesta a preguntas sobre las aportaciones ciudadanas incorporadas (o no) al texto de la ley o sobre las críticas al actual texto en los informes consultivos del Consejo de Estado y la Agencia Española de Protección de Datos sobre la Ley de Transparencia. Como refleja la web, el Ministerio de Presidencia acumula una larga serie de peticiones desatendidas.
Respuestas que ahora conocemos (y otras que se han quedado sin contestar)
Tras 12 meses de vida, la web Tuderechoasaber.es ha canalizado peticiones ciudadanas cuyas respuestas satisfactorias vinieron cargadas de interés informativo. Así, hemos accedido al número y coste de los traductores de lenguas cooficiales en el Senado (250.000 euros presupuestados en 2012) o al coste de los comicios autonómicos en Asturias (2012) y País Vasco (2001, 2005 y 2009). Gracias a una correcta respuesta de las instituciones, conocemos que cerca del 50% del presupuesto de estas elecciones se lo embolsaron los partidos concurrentes y que adelantar los comicios asturianos supuso un coste extra de 1,2 millones de euros.
Sin embargo, pese a que despiertan un creciente interés, las administraciones se niegan por norma general a responder a peticiones relacionadas con gastos y ejecución presupuestaria. Así, el Congreso de los Diputados, rechazó hacer pública información detallada sobre los presupuestos 2013 de la cámara, el Tribunal de Cuentas no informa sobre los complementos vitalicios para antiguos altos cargos de la administración y el Banco de España no contesta a ciudadanos que piden información sobre el fondo de garantía de depósitos o el volumen de deuda pública emitida.
«Este informe es importante porque en España no contamos con mejores indicadores para monitorizar la atención de las instituciones a la ciudadanía» – explica David Cabo, director de la Fundación Ciudadana Civio – «Los malos resultados en la práctica se deben entre otras cosas a carencias en la legislación. Desde Civio y Access Info proponemos una serie de sugerencias para que la futura ley consiga un cambio real en la práctica y mejoren estas estadísticas, esperemos que se tengan en cuenta en los debates sobre esta ley», afirma David Cabo.
Más información:
- Victoria Anderica – Coordinación de campaña Access Info Europe:
victoria@access-info.org / tlf. 606 59 29 76 - Javier de Vega – Comunicación Fundación Ciudadana Civio:
javier@civio.es / tlf. 650 07 44 21 - Access Info Europe (http://www.access-info.org) es una organización de derechos humanos sin ánimo de lucro. Su misión es promover y proteger el derecho de acceso a la información en Europa como herramienta para la defensa de nuestras libertades civiles y los derechos humanos, para facilitar la participación pública en la toma de decisiones y para exigir que el gobierno rinda cuentas.
- La Fundación Ciudadana Civio (http://www.civio.es) es una organización sin ánimo de lucro creada en febrero de 2012 que busca fomentar un concepto de ciudadanía activa e involucrada, incidiendo en la transparencia informativa y en la apertura de datos. Sus principales actividades son el desarrollo de aplicaciones tecnológicas que faciliten el acceso a la información pública, como España en llamas, ¿Dónde van mis impuestos?, tuderechoasaber.es o El Indultómetro. Civio impulsa la creación de contenidos periodísticos independientes y de calidad basados en datos.