La Ley de Seguridad Ciudadana y la independencia de los medios públicos generan cierta preocupación entre los miembros de la misión
Viena, 23 de marzo de 2015 – De acuerdo con el informe publicado hoy por el Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés) sobre la libertad de expresión y prensa en España, impera la necesidad de asegurar que el público pueda acceder al libre flujo de información. Este informe ve la luz tras la aprobación por parte del Senado de la controvertida Ley de Seguridad Ciudadana, la cual ha suscitado una firme oposición tanto en España como en el extranjero por los posibles efectos que podría ejercer sobre el ejercicio del periodismo.
El informe abarca los hallazgos de una misión a España llevada a cabo en diciembre de 2014, que fue encabezada por el Instituto Internacional de la Prensa con la participación de representantes de Access Info Europe (AIE), el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), la Federación Europea de Periodistas (EFJ, por sus siglas en inglés), Reporteros sin Fronteras (RSF, por sus siglas en francés) y la Fundación Open Society (OSF, por sus siglas en inglés).
La publicación del informe coincide con un año repleto de comicios electorales en España. Andalucía ya ha dado el pistoletazo de salida este domingo pasado con las elecciones a la Junta. Una senda que concluirá a finales de este año con las primeras elecciones generales después del repentino auge de nuevos partidos políticos y movimientos sociales en respuesta a la crisis económica.
En este contexto, los delegados de la misión identificaron los siguientes siete desafíos, explicados en profundidad en el informe:
· Amenazas a la independencia de la radiotelevisión pública de España (RTVE).
· La falta de un regulador independiente especializado en la radiodifusión a nivel nacional.
· La necesidad de una mayor transparencia en la asignación de la publicidad oficial.
· Nuevas normas jurídicas potencialmente restrictivas, incluyendo la Ley de Seguridad Ciudadana.
· Nueva legislación de transparencia que no cumple con los estándares internacionales.
· Una tendencia a celebrar conferencias de prensa “sin preguntas” entre los principales funcionarios públicos.
· La existencia de leyes penales de difamación y, en algunos casos, el uso de estas leyes.
Igualmente, el informe destaca los efectos que tanto la crisis económica española como la revolución tecnológica han tenido sobre los medios de comunicación en España. Según la Asociación de Prensa de Madrid (APM) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), el desafío más importante para el ejercicio de periodismo en el país es la crisis económica y, sobre todo, las «precarias» condiciones de empleo a las que se enfrentan los periodistas.
El informe llega a la conclusión de que la libertad de prensa en España sigue siendo «comparable a la que disfrutan sus vecinos europeos, pero en un momento tan crítico para el país, es esencial garantizar al máximo el libre flujo de información».
El informe, de 50 páginas, busca crear conciencia en áreas en las que las garantías españolas para la libertad de expresión pueden ser aún más reforzadas. Para ello, se ha tomado como referencia las conversaciones que se mantuvieron con actores claves relacionados con los medios de información durante la misión así como los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.
Una de esas áreas, según el informe, es la Ley de Seguridad Ciudadana, sobre la cual RSF España dice que “no sólo atenta gravemente contra la libertad de información sino que puede conducir a la censura». RSF España también destaca una serie de recientes incidentes de presunto acoso físico y legal contra periodistas españoles a manos de las fuerzas de seguridad, muchos de los cuales ocurrieron durante la cobertura de actos organizados por algunos movimientos sociales.
En un capítulo escrito por Paco Audije, de EFJ, el informe también plantea serias preocupaciones con relación a la dirección actual de la radiotelevisión pública de España, muy criticada tanto dentro de la Corporación como fuera de ella por decisiones que se han interpretado como limitaciones a la independencia editorial. A finales de enero, por ejemplo, el Consejo de Administración de RTVE ordenó la destitución de su representante en la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y presidente del influyente Comité de Informativos de la UER, Asun Gómez Bueno. Algunos medios publicaron que el Consejo buscaba a un representante “más cercano” a su presidente.
Access Info Europe resume en el informe el escepticismo generalizado ante la nueva ley de acceso a la información de España. Según las voces más críticas “no está a la altura de los estándares de transparencia más vanguardistas» y muestra «poca ambición», resultando en una «ley que nace vieja a pesar de haber sido redactada y aprobada en 2013”.
Durante la misión el diciembre pasado, los delegados de la misión sostuvieron cerca de 35 reuniones con representantes de los medios de comunicación, la sociedad civil y el Gobierno, tanto en Madrid como en Barcelona, con el objetivo de escuchar a la mayor variedad de protagonistas. La misión se reunió con las principales cabeceras y medios de España, tales como El Mundo, El País y ABC, al tiempo que también se buscó los puntos de vista de los nuevos medios de información, la mayoría “nativos digitales”, nacidos bajo el paraguas de la revolución tecnológica y las redes sociales.
El informe de la delegación internacional sigue los pasos de un informe publicado por la nueva organización española Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), que también identificó las principales preocupaciones en materia de libertad de expresión, señalando en particular las restricciones a las libertades digitales.
La directora ejecutiva interina del IPI, Barbara Trionfi, dijo que el IPI instó al gobierno español “a considerar la implementación de las reformas más urgentes que se sugieren en el informe” y llamó a “todos los partidos políticos que participan en estas elecciones a dar un espacio a la libertad de expresión y de la prensa, y muy especialmente a las recomendaciones de este informe, en sus manifiestos políticos”.
Una vez dejadas atrás las elecciones andaluzas, los municipios de España tomarán el relevo con sus respectivos comicios electorales. Asimismo, en mayo se llevarán a cabo las elecciones autonómicas. Los catalanes irán a las urnas el 27 de septiembre en medio de un intenso debate por la independencia de la región. No se ha fijado una fecha para las elecciones generales, aunque se espera que se celebren a finales de 2015 o principios de 2016.
Este informe es el primero de dos informes sobre la libertad de prensa que IPI lanzará esta semana. El segundo es un informe especial del IPI sobre Turquía titulado «La democracia en riesgo», que se basa en hechos recogidos durante las múltiples misiones y visitas de libertad de prensa del IPI a Turquía en los últimos cuatro años, que se dará a conocer a finales de esta semana, en la que el IPI celebrará del 27 a 29 de marzo su Congreso Mundial 2015 y la Asamblea General en Myanmar.
El informe completo está disponible aquí. 
Para más información, contactar con:
Victoria Anderica | Access Info Europe
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