El País | 20/07/2020
La ayuda financiera entregada a Marruecos para frenar la inmigración irregular ha llegado al Supremo. El tribunal tendrá que decidir sobre la legalidad de 30 millones de euros que el Ejecutivo sacó en 2019 del fondo de contingencia de los Presupuestos para financiar parte del despliegue de las autoridades marroquíes con el objetivo de contener las entradas irregulares en España. La cuestión que estudiará el Supremo no es la ayuda en sí, sino si fue legal recurrir a ese fondo, una reserva presupuestaria destinada a necesidades “urgentes, imprevisibles e inaplazables”, como catástrofes naturales o la pandemia del coronavirus.
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