Madrid/Bruselas, 9 de marzo de 2021 – Los miembros del Parlamento Europeo están llamados a votar el 9 de marzo de 2021 para poner fin al secreto que rodea al control de la pesca, al eliminar una polémica cláusula que data de 1993, mucho antes de que se adoptaran las normas de transparencia de la UE.
En las cartas enviadas a todos los eurodiputados el 8 de marzo de 2021, Access Info, junto con ClientEarth, la Environmental Justice Foundation y Oceana, reiteró un llamamiento hecho a principios de este año por 72 organizaciones de la sociedad civil, e instó a los eurodiputados a apoyar las enmiendas al problemático artículo 113, que prohíbe a la Comisión compartir los datos de los controles de pesca con otras personas, incluso con los diputados del Parlamento Europeo, a menos que el Estado miembro correspondiente haya dado su consentimiento expreso.
Puede consultar las enmiendas en aquí.
«Es escandaloso que normas anticuadas de hace casi treinta años estén bloqueando el acceso a la información esencial que necesitan los diputados al Parlamento Europeo y otros, como los periodistas de investigación, para protegerse contra las irregularidades, la corrupción y el daño medioambiental», dijo Helen Darbishire, Directora Ejecutiva de Access Info Europe.
Martina Tombini, responsable de investigaciones y campañas a nivel europeo de Access Info explicó que «la UE gasta millones en controlar la pesca, pero como vigilantes de la sociedad civil no podemos encontrar datos básicos como cuántas salidas de pesca se inspeccionan, cuántas actividades ilegales se descubren, y si estos delitos medioambientales están siendo efectivamente sancionados».
Tombini explicó que, si bien la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo está a favor de las reformas del artículo 113, los eurodiputados de la Comisión de Pesca (PECH) lamentablemente ignoraron los llamamientos para modificarlo cuando tuvieron la oportunidad el 26 de enero de 2021. Por eso es tan importante la votación del 9 de marzo de 2021 en el pleno del Parlamento.
La cláusula de confidencialidad del artículo 113 se puso a prueba ante el Tribunal General de la UE el 3 de mayo de 2018, después de que Greenpeace presentara dos solicitudes de acceso a documentos a la Comisión sobre el supuesto envío irregular de atún rojo vivo desde Túnez a una piscifactoría situada en Malta.
Malta se opuso a la divulgación y ganó el caso. Dada la redacción del artículo 113, el Tribunal no tuvo más remedio que rechazar el argumento de que las normas de transparencia más recientes de la UE podrían tener prioridad en este caso. Las normas de confidencialidad de 1993 prevalecen actualmente sobre la transparencia y la única manera de cambiar esto es modificando el problemático artículo 113.
«Los datos disponibles públicamente sobre los controles de pesca son esenciales para que los miembros del Parlamento Europeo puedan asegurarse de que el reglamento se aplica adecuadamente. No hay excusas creíbles para una disposición obsoleta que limita el acceso pleno y rápido a estos datos», concluyó Darbishire.