Madrid, 1 de diciembre de 2021 – Access Info, Blueprint For Free Speech y otras siete organizaciones piden al Ministerio de Justicia hacer público el estado de la futura ley de protección de alertadores (denunciantes o “whistleblowers”) tras un rechazo formal por parte de este ministerio el día 26 de noviembre de procesar una solicitud de información presentada cuatro días antes.
El Ministerio de Justicia rechazó la solicitud para obtener más información sobre el estado de la transposición de la directiva europea sobre denunciantes de irregularidades -cuyo plazo vence el 17 de diciembre- resolviendo “inadmitir el acceso a la información requerida porque el texto es todavía un borrador interno”.
El Gobierno español no sólo se comprometió en el IV Plan de Acción de Gobierno Abierto a incluir esta directiva de la UE en el ordenamiento jurídico español, sino a hacerlo de manera transparente, señalando que desde el 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021 se abriría un trámite de audiencia e información pública, que nunca se ha producido. Asimismo, el Plan Anual Normativo de 2021, publicado en agosto de este año, incluye ésta como una de las prioridades.
“El gobierno debe informar al público sobre el estado de cualquier nueva norma, en línea con sus compromisos en el IV Plan de Acción de Gobierno Abierto de tener un proceso transparente y participativo sobre esta futura ley, además de mejorar la transparencia de la toma de decisiones y de los procesos legislativos en general,” señaló Helen Darbishire, Directora Ejecutiva de Access Info.
Según Suelette Dreyfus, Directora Ejecutiva de Blueprint For Free Speech: «Ésta es una oportunidad para que el Gobierno español brille, puede hacer que España pase de estar en el peor lugar de Europa en cuanto a la protección de los alertadores a ser el mejor lugar, de un plumazo. No es una ley de derechas o de izquierdas, es una ley para proteger a los denunciantes, tiene que ver con el buen gobierno, es decir, con la transparencia, la apertura, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción”.
La protección de los alertadores podría ayudar a salvar entre seis a nueve billones de euros al año en toda la UE, según un estudio publicado por la Comisión Europea en 2017.
En la solicitud realizada al amparo de la Ley de Transparencia, las nueve organizaciones instaron al Ministerio de Justicia a que entregase cualquier información o documento producido en el grupo de trabajo responsable de la redacción de la normativa, además de las aportaciones de consultas públicas previas, el último borrador actualizado y el cronograma o planificación para lograr la incorporación al ordenamiento jurídico nacional.
Esta petición fue firmada por Access Info Europe, Blueprint for Free Speech, Fundación Hay Derecho, Plataforma por la Honestidad, Transparency International-España, Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (ASEBLAC), Acción Cívica contra la Corrupción, Alertadores contra la corrupción (Valencia) y Asociación Nacional De Afectados Por Delitos Económicos e Impagos (ANADEI).
En España, esta solicitud se suma a las múltiples acciones de la sociedad civil de los últimos dos años reclamando el desarrollo de un proceso legislativo abierto y participativo.
El tiempo se acaba, y los ciudadanos esperan que esta normativa no se apruebe mediante un decretazo similar al del pasado 3 de noviembre, en donde sin debate parlamentario se transpusieron ocho directivas europeas.
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Helen Darbishire, Executive Director | Access Info Europe
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Ángel Varela Pena | Blueprint For Free Speech
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